Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, se encuentra recluido en la cárcel La Modelo desde el 31 de diciembre, después de aterrizar en Colombia tras pasar 48 meses en prisión en Estados Unidos.
Considerando que Moreno conoce algunos de los secretos más grandes de la corrupción judicial en Colombia, la Procuraduría General de la Nación le pidió a un juez que modifique su lugar de reclusión, por tratarse de una supuesta actuación irregular el haberlo enviado a La Modelo.
Por esa razón, la procuradora Tercera Delegada ante la Corte Suprema, representante del Ministerio Público en el caso del exfiscal, dice que Moreno debe ser trasladado a la Escuela de Posgrados de la Policía (Cespo), algo que además hacía parte del principio de oportunidad del condenado a 4 años y 10 meses, puesto que enviarlo a la cárcel se trata de un desacato de la institución policial a decisiones judiciales previas que siguen teniendo fuerza.
La Policía, por su parte, ha justificado la decisión asegurando que se debe a una ocupación total, por lo que no habría espacio para Luis Gustavo Moreno. Sin embargo, la delegada de la Procuraduría considera que esta no es una explicación suficiente, pues “carecen de consistencia comoquiera que pese a la calidad de establecimiento educativo las autoridades administrativas (Policía) han autorizado que civiles condenados ejecuten las penas en las instalaciones de esa institución”.
Como lo dice la Procuraduría, un juez había ordenado que la reclusión se diera bajo condiciones especiales y que fuera trasladado a la Escuela de Posgrados de la Policía (Cespo).
Incluso, su defensa trató de frenar el traslado con una acción de tutela que no se ha resuelto por vacancia judicial. “Lo que no podemos entender es cómo tratándose de un derecho fundamental, la vida, el reparto lo hacen a un despacho que está o estaba por salir a la vacancia judicial; no tiene lógica esa decisión”, señaló el abogado Pedro Aguilar, quien defiende los intereses del exdirector anticorrupción.
“Lo enviaron a que lo mataran, no es claro por qué el reparto ocurre de esa manera cuando lo que está en juego es la seguridad de una persona; lo que debió pasar es que el reparto tendría que estar en los juzgados disponibles, no en los que saldrían en la vacancia judicial”, dijo a SEMANA el abogado.
De hecho, días antes del traslado el 31 de diciembre, SEMANA conoció un audio del condenado por el escándalo del Cartel de la Toga, en el que habla de su traslado a la cárcel La Modelo.
De acuerdo con Moreno, su vida podría correr peligro debido al compromiso que adquirió para delatar a decenas de políticos y magistrados del país. En la grabación, de poco más de tres minutos, Moreno manifiesta que el motivo del traslado es para silenciarlo. “Me quieren sacar a un centro de reclusión en donde seguramente me están esperando para callarme, para silenciarme”, dice Moreno en el audio. “Para que yo no siga cooperando, para que los actos de corrupción de los que hicimos parte todos (los del) cartel de la toga queden impunes”.
Según él, con su traslado a la cárcel los exmagistrados Leónidas Bustos, Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, vinculados a este proceso, harían una fiesta.
“El señor (Leónidas) Bustos, el señor Gustavo Malo, el señor Francisco Ricaurte, entre otros, sin duda harán fiesta con ese tipo de traslado. Yo le pido a la opinión pública, al presidente la República, al fiscal general de la nación, sobre todo a las cabezas de estas instituciones, que cumplan con su deber constitucional de salvaguardar mi vida, de proteger mi integridad personal. De que no me envíen a la ejecución de una sentencia de muerte en un patio donde me están esperando, en La Modelo o en Ibagué o en cualquier centro penitenciario donde sin duda hay personas que estarán prestas a silenciarme”, afirma.
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